El 3 de junio de 2025, la Generalitat aprobó un decreto ley que pretende agilizar el despliegue de energías renovables en el territorio catalán, que, hasta ahora, avanzaba a un ritmo muy inferior al del resto de España.
La norma pretende proteger y fomentar las instalaciones de generación de energía a partir de fuentes renovables frente a los obstáculos que algunos municipios y grupos ecologistas pudieran plantear.
La citada protección o blindaje a favor de las empresas instaladoras se materializa a través de:
- Declaraciones de interés público superior. Así ocurre respecto del almacenamiento eléctrico con baterías, convirtiéndose la de Cataluña en la primera Administración del Estado que legisla con normativa específica este tipo de instalaciones, y de los parques fotovoltaicos solares y sus líneas de evacuación, que han sido igualmente distinguidos con la declaración de interés público superior.
- Modificación del Decreto ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso de las energías renovables, y en concreto de su artículo 21.1.a) sobre la transmisión de la autorización en materia de energía, que dejará de exigir que el parque eólico o planta solar fotovoltaica cuente con el acta de puesta en marcha definitiva.
- Reconocimiento de las instalaciones de almacenamiento como infraestructuras de utilidad pública, con las consecuencias urbanísticas que ello conlleva.
La norma promete dotar de una mayor seguridad jurídica al sector de energía renovable así como garantizar su ágil tramitación e implementación, que hasta ahora se había visto obstruida por agentes externos, lo que había llevado a la Comunidad Autónoma de Cataluña a ocupar el tercer lugar en el ranking de comunidades autónomas con menor presencia de energías renovables en su mix energético.
Para conocer más detalles sobre la redacción habrá de acudirse a la literalidad del texto normativo, publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Cataluña.