Desde la entrada en vigor, el pasado 4 de marzo, del Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, los ayuntamientos andaluces y empresas promotoras pueden, a través de la colaboración público-privada, contribuir a paliar el grave problema de escasez de viviendas asequibles en Andalucía.
A tal fin, cada municipio debe adoptar, antes del 4 de marzo de 2026, algunas de las medidas contempladas en la norma dirigidas a destinar suelo dotacional (privado y público) a alojamiento, entre las que cabe destacar las siguientes:
a.- Los terrenos calificados como equipamiento privado sin destino específico, o equipamientos privados con uso pormenorizado de servicios de interés público y social (SIPS) se podrán destinar al uso alternativo residencial de vivienda protegida (VP) en régimen de alquiler, sin necesidad de modificar los instrumentos de ordenación urbanística vigentes, siempre que concurran las condiciones que detalla el decreto.
Debe subrayarse que esta medida es limitada en el tiempo y requiere que los ayuntamientos acuerden expresamente su aplicación, total o parcial, en todas o en determinadas zonas de suelo urbano del municipio, pudiendo contemplar condiciones adicionales a las establecidas para cada una de ellas.
Este acuerdo municipal habilitante deberá comunicarse a la consejería competente en materia de vivienda para evaluar el grado de implantación de las medidas en la comunidad autónoma.
La urgencia de las medidas también se aprecia al establecerse asimismo un plazo limitado tanto para iniciar como para finalizar los proyectos, de dos y tres años, respectivamente.
b.- Los terrenos calificados como equipamiento dotacional público pueden asimismo albergar alojamiento dotacional de carácter temporal (no residencial propiamente dicho) como uso compatible sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, mediante dos fórmulas:
- En primer lugar, en los casos en los que el uso pormenorizado del equipamiento privado (deportivo, educativo, etc.) no se encuentre determinado, los instrumentos de ordenación urbanística de aplicación admitan como uso compatible el de alojamiento dotacional temporal destinado a colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda en régimen de alquiler, o a través de cualquier otra forma de ocupación temporal de naturaleza rotatoria, se permitirá esta clase de alojamientos dotacionales que formarán parte de la dotación pública de viviendas.
En este supuesto, la ejecución y gestión debiera realizarse, idealmente, mediante fórmulas de colaboración público-privada.
- Por otro lado, si existen parcelas y edificios vacantes en zonas de uso global residencial, calificadas por los instrumentos de planeamiento vigentes como equipamiento comunitario público que, o bien no tengan asignado un destino específico o bien estén calificadas con el uso genérico de SIPS, se podrá autorizar el uso pormenorizado alternativo de vivienda o alojamiento dotacional temporal.
Para este supuesto también se requiere un acuerdo municipal expreso que valore la oportunidad de destinar la parcela al uso residencial en su totalidad o coexistiendo con otros equipamientos comunitarios. Las condiciones de la edificación en las parcelas serán las mismas que las establecidas en la ordenanza de uso residencial de la zona en la que se encuentre, pudiendo ser completadas, adaptadas o modificadas mediante un estudio de detalle.
Los alojamientos que resulten con motivo de la aplicación de estas medidas urgentes no computarán a los efectos del régimen de las actuaciones de transformación urbanística (ATU), ni tampoco del número máximo de viviendas que se hubiera asignado por el planeamiento urbanístico al ámbito en el que se incluya la parcela.