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Ertes

¿Qué diferencias existen entre el ERTE por fuerza mayor y el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el C0VID-19? ¿Quiénes pueden acogerse al ERTE por fuerza mayor?

El procedimiento de ERTE por fuerza mayor se deberá seguir en los supuestos en los que la empresa precise aplicar una suspensión de los contratos de trabajo o una reducción de jornada por causa directa en la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, ya sea por:

(i) la suspensión o cancelación de actividades;

(ii) el cierre temporal de locales de afluencia pública;

(iii) las restricciones del transporte público y de la movilidad de las personas o mercancías;

(iv) la falta de suministros que impidan continuar la actividad

y (v) el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.

El ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el C0VID-19 no tendrá como causa directa las anteriores circunstancias, sino que se aplicará a aquellas empresas que, de manera indirecta, se vean afectadas por el COVID-19 (por ejemplo, aquellas empresas que, no teniendo obligación de cerrar sus instalaciones o cesar su actividad, sufran una disminución de la demanda de los productos o servicios que ofrezcan en el mercado).

El ERTE por fuerza mayor tiene como ventaja una tramitación más ágil y rápida que el ERTE ordinario. Además de ello, las empresas que se acojan a un ERTE por fuerza mayor podrán beneficiarse de una exoneración en el pago de las cuotas de cotización a la Tesorería General de la Seguridad Social durante el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada por esa causa. La citada exoneración estará condicionada al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la reanudación de la actividad.

¿Debe la autoridad laboral autorizar o aprobar el procedimiento de ERTE por fuerza mayor?

La autoridad laboral dispone de 5 días, a computar desde la fecha de la presentación del expediente, para resolver la solicitud. En el supuesto de que no se remita resolución expresa, se entendería constatada la fuerza mayor por silencio administrativo. Constatada la fuerza mayor –expresamente o mediante silencio administrativo-, el empresario podrá adoptar las medidas suspensivas o de reducción de jornada, las cuales surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

¿La autoridad laboral podría ampliar el plazo de 5 días establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, para aprobar la solicitud de ERTE?

Debido a la acumulación de expedientes de regulación de empleo presentados como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, desde el pasado 1 de abril de 2020 se ha ampliado el plazo de 5 a 10 días en algunas comunidades autónomas.

La principal consecuencia de esta ampliación sobre los expedientes de regulación de empleo cuyo plazo de resolución aún no ha vencido es la imposibilidad  de aplicación del silencio positivo hasta el transcurso de 10 días.

Estas comunidades autónomas son, hasta el momento, las de Galicia, Valencia, Castilla y León, Aragón, Asturias e Islas Baleares.

¿La pérdida de actividad derivada del impacto del COVID-19 es causa de despido o de finalización del contrato de trabajo?

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada vinculadas al COVID-19 no serán justa causa de extinción del contrato de trabajo ni de despido, pudiéndose declarar por un tribunal, ante una eventual reclamación del trabajador que el despido/extinción contractual no es conforme a derecho. La consecuencia directa de dicha declaración, es el pago por parte del empresario de una indemnización equivalente a 45/33 días de salario por año de servicio, con el tope máximo de 24 mensualidades.

Esta restricción al despido ha quedado ampliada hasta el 30 de septiembre de 2020.

¿Qué ocurre con los contratos temporales durante la vigencia del ERTE?

Durante la vigencia del ERTE se produce la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad) y de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, reanudándose tras la activación de la actividad.

Esta restricción al despido ha quedado ampliada hasta el 30 de septiembre de 2020

¿Cómo computará la extinción de los contratos temporales en el compromiso de empleo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo?

En relación con los contratos temporales, el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido en los supuestos en los que la extinción se realice por expiración del tiempo convenido por finalización de la obra o servicio objeto de contrato, o en su caso, por imposibilidad de la realización inmediata de la actividad.

Por otro lado, igualmente, no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.

¿En qué consiste el permiso retribuido recuperable?

Los trabajadores de actividades declaradas no esenciales debieron disfrutar de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Todo ello a excepción de los siguientes supuestos:

(a)    Trabajadores que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

(b)    Trabajadores contratados por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020.

(c)     Trabajadores que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.

(d)    Trabajadores que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios.

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva –acordada en el marco de la negociación colectiva- desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué ocurre si un trabajador que presta servicios en una empresa de servicios esenciales no puede desplazarse al centro de trabajo como consecuencia de prohibiciones en materia de movilidad ciudadana?

Con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento –y mientras dure el mismo–, y mediante el correspondiente parte de baja, los trabajadores que estén obligados a desplazarse de localidad para prestar los servicios esenciales a los que hace referencia el Real Decreto-ley 10/2020, pasarán a situación de Incapacidad Temporal por situación excepcional de confinamiento total.

Esta situación de incapacidad temporal solamente tendrá lugar cuando se den las siguientes tres circunstancias:

– Se haya acordado el confinamiento de la población donde residan y la autoridad competente les deniegue expresamente la posibilidad de desplazarse.

– No puedan desempeñar su trabajo de forma telemática por causas no imputables ni a la empresa ni al propio trabajador; y

– No tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública.

¿El ERTE afecta a la antigüedad del trabajador?

No, la antigüedad del trabajador no quedaría afectada por estar incluido en un expediente de regulación temporal de empleo.

¿Es posible prorrogar la preferencia del trabajo a distancia tras el levantamiento del estado de alarma? ¿Y el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada?

El Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril prorroga el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma. Todo ello sin perjuicio de que puedan aprobarse prórrogas adicionales en este sentido.

¿Las empresas que hayan presentado ERTE que contengan falsedades o incorreciones pueden ser sancionadas?

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sanciona como falta muy grave la conducta empresarial consistente en presentar solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y establece una responsabilidad empresarial directa en la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores, cuando no medie dolo o culpa de éstos.

El trabajador conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo.

 

¿La fuerza mayor puede o debe afectar a la totalidad de la plantilla?

El Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril, contempla la posibilidad de que la fuerza mayor pueda apreciarse de forma parcial.

¿Cómo afecta el estado de alarma a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

El periodo de vigencia del estado de alarma (así como sus prórrogas) no computará:

A-. A efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

B.- En la duración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos.

Esta suspensión no afectará a las actuaciones comprobatorias y los requerimientos y órdenes de paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, ni a las que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado.

D.- Igualmente, quedan suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades por el cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social que han sido reanudados desde la fecha de 4 de junio de 2020 por la Disposición Derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo.

E.- Se suspenden todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.

Como consecuencia de lo establecido en la Disposición Derogatoria única del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, se levanta la suspensión de los plazos procesales con fecha de efectos de 4 de junio de 2020, así como se levanta igualmente la suspensión de plazos administrativos con fecha de efectos de 1 de junio de 2020.

¿Pueden prorrogarse los ERTE por fuerza mayor tras la finalización del estado de alarma?

– Durante el procedimiento de “desescalada” los ERTE por fuerza mayor estarán sujetos a las siguientes especialidades:

– Aquellas empresas y entidades que estuvieran aplicando un ERTE por fuerza mayor, podrán extender la vigencia del mismo hasta el 30 de junio de 2020, en principio improrrogable, siempre y cuando persista la causa/restricciones que impiden la reanudación normal de la actividad.

– La prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 podrá ser parcial por recuperación progresiva de la actividad. Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a los trabajadores afectados por el ERTE –desafectación parcial-, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad y primando los ajustes necesarios en términos de reducción de jornada.

– Estas variaciones deberán ser comunicadas a la autoridad laboral –en el plazo de 15 días desde la vigencia de la modificación- y al SEPE.

– Igualmente, con carácter preferente, es posible alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el tránsito hacia las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre el trabajador y permitirán atender a la paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios.

– La finalización del ERTE deberá ser comunicada a la autoridad laboral –en el plazo de 15 días desde la vigencia de la modificación- y al SEPE.

Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una prórroga de los ERTE en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 2020. Este acuerdo podrá ser extensivo a las exenciones en materia de cotización.

¿Pueden negociarse un ERTE por causas objetivas estando vigente en la empresa un ERTE por fuerza mayor?

La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor. En estos supuestos, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.

¿Pueden las empresas que han aplicado un ERTE por fuerza mayor proceder al reparto de dividendos?

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que hayan aplicado ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estas medidas, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social. Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50  trabajadores o asimilados en situación de alta en la Seguridad Social

¿Puede una empresa con domicilio en un paraíso fiscal aplicar un ERTE por fuerza mayor?

Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales no podrán acogerse a los ERTE por fuerza mayor.

¿Existe alguna exclusión en relación con el compromiso de salvaguarda de Eempleo?

No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

¿Qué medidas adicionales a las de prevención de riesgos laborales debe tomar el empresario en relación al centro de trabajo?

De conformidad con el artículo 7 del  Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.el titular de la actividad económica o, en su caso, el director de los centros y entidades, deberá:

a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en cada caso.

b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.

e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible.

Por otro lado, el citado artículo 7, en relación con lo previamente expuesto acuerda:

·  Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a su centro de trabajo.

·  Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.    

¿En qué consiste el ingreso mínimo vital?

El ingreso mínimo vital viene establecido por el Real Decreto Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que s establece el ingreso mínimo vital y se configura como un derecho subjetivo a una prestación económica no contributiva de la Seguridad Social y compatible con otras ayudas económicas a tenor de lo que dispone el artículo 2.2 de la citada norma. Su finalidad es la protección del individuo o familia con el objetivo de permitir el paso de una situación de exclusió económica y pobreza extrema a una participación en la sociedad.  Para ello, la propia norma prevé en su artículo 3.d) que aquellas personas que resulten beneficiarios de esta medida serán tenidos en cuenta de forma prioritaria en el diseño de los incentivos a la contratación que el Gobierno apruebe.

El Ingreso Mínimo Vital es de carácter mensual y, según lo establecido en el artículo 12 de la norma, se prevé que se mantenga siempre y cuando los motivos que permitieron su concesión subsistan y se cumplan los requisitos y obligaciones regulados en el Real Decreto-Ley 20/2020

¿Pueden prorrogarse los ERTE por fuerza mayor más allá del 30 de junio de 2020?

Los ERTEs vigentes a fecha 26 de junio de 2020 podrán extenderse hasta el 30 de septiembre de 2020, no obstante con las siguientes especialidades:

· Las empresas y entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.

· Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

· Igualmente, deberán comunicar al SEPE, con carácter  aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas

 

¿Pueden las empresas que están aplicando un ERTE por fuerza mayor realizar nuevas contrataciones durante su vigencia?

No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor,

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Cómo afecta la finalización de Estado de Alarma a la regulación de los ERTE por causas objetivas vinculadas al COVID?

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras el 26 de junio de 2020,les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades que se recogen a continuación:

· La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo por Fuerza Mayor, cuya la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

· No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo. Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.

Seguridad Social

¿Pueden solicitarse moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a los meses coincidentes con el estado de alarma?

La Disposición Final 3ª del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, ha modificado el apartado 1º del artículo 34 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, establece la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social (“TGSS”) pueda conceder a la empresa y a los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social ─mediante solicitud expresa─ moratorias de 6 meses, sin intereses, en el pago de las cotizaciones devengadas entre los meses de abril y junio, en el caso de las empresas, y entre mayo y julio de 2020 en el caso de los trabajadores por cuenta propia, siempre y cuando la actividad no se haya suspendido con ocasión del estado de alarma.

Las solicitudes deberán comunicarse a la TGSS dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos de ingreso correspondientes a los periodos solicitados, sin que en ningún caso puedan tener carácter retroactivo y afectar a cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a la solicitud.

¿Qué empresas pueden solicitar la moratoria?

De conformidad con la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, podrán solicitar las moratorias aquellas empresas esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009):

– 119 (Otros cultivos no perennes).

– 129 (Otros cultivos perennes).

– 1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).

– 2512 (Fabricación de carpintería metálica).

– 4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).

– 4332 (Instalación de carpintería).

– 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco).

– 4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).

– 4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados).

– 7311 (Agencias de publicidad).

– 8623 (Actividades odontológicas).

– 9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza).

¿Puede solicitarse un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social contraídas durante el Estado de Alarma?

Se prevé que las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siempre y cuando no tuvieran otro aplazamiento en vigor.

Sobre el importe aplazado se aplicará un interés del 0,5 por ciento, en lugar del previsto en la normativa de la Seguridad Social.

Las solicitudes se deberán realizar con anterioridad al transcurso de los diez primeros días naturales del plazo reglamentario de ingreso.

El aplazamiento será concedido mediante resolución única, con independiencia de los meses que comprenda, y se amortizará mediante pagos mensuales, determinándose un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

Esta solicitud llevará consigo la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo, así como supondrá igualmente que el deudor se considere al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que la resolución correspondiente se dicte.

Este aplazamiento es incompatible con la moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social mencionada anteriormente.

 

¿La prestación por desempleo se abona por la empresa en la modalidad de pago delegado?

En relación con el responsable del pago de la prestación por desempleo se podrían diferenciar dos posibilidades en función de la modalidad de expediente de regulación de empleo aplicado por la empresa:

A.- ERTE de suspensión de contratos: de conformidad con el artículo 26.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, “el pago de la prestación o subsidio por desempleo total se efectuará por el Instituto Nacional de Empleo”.

Por tanto, en los supuestos de suspensión contractual, en los que el trabajador está exento de prestar servicios por la totalidad de la jornada, será el SEPE el que abone la prestación por desempleo de forma directa. 

B.- ERTE de reducción de jornada: en virtud del artículo 26.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protección por Desempleo, el pago de “la prestación por desempleo parcial se efectuará por la Empresa por delegación del Instituto Nacional de Empleo”

Es decir, que en supuestos de expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, el pago de la prestación por desempleo parcial se efectuaría por la empresa por delegación del SEPE.

No obstante de la redacción literal del artículo 26.4 del Real Decreto 625/1985 se deduce que existirían las siguientes excepciones al pago delegado (i) cuando el SEPE asuma el pago directo o así lo determine la autoridad laboral, y (ii) cuando la situación económica de la empresa lo aconseje.

En los casos de pago delegado, las empresas se reintegrarán de las prestaciones que correspondan al SEPE descontándolas del importe de las liquidaciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de Seguridad Social correspondiente al mismo período

¿Cómo afecta al trabajador el inicio de una baja por maternidad o paternidad durante la vigencia del ERTE?

Se suspenderá el pago de la prestación por desempleo y empezará a cobrar la prestación por maternidad o paternidad, gestionada directamente por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social). Una vez que finalice la prestación por maternidad o paternidad, se reanudará la prestación por desempleo durante el tiempo que le quedara por percibir y la cuantía que le correspondiera en el momento de la suspensión.

Si se ha extinguido el contrato de trabajo por no superación del periodo de prueba con anterioridad o durante el Estado de Alarma ¿tiene el trabajador acceso a la prestación por desempleo?

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo amplía la protección por desempleo a las extinciones de contratos en periodo de prueba producidas, por cualquier causa, desde el 9 de marzo.

¿Qué efectos tiene sobre la empresa la solicitud de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social?

Las novedades introducidas por el Real Decreto Ley 15/2020 son las siguientes:

– Se simplifica el procedimiento de resolución del aplazamiento, concediéndose mediante una única resolución con independencia del número de mensualidades que comprenda.

– Se fija el plazo de amortización y el pago escalonado de la deuda, de forma que se hará mediante pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades.

– Se establece que la solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo, y que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

– Por último, se declara este aplazamiento incompatible con la moratoria de cotizaciones sociales a empresas y autónomos regulada en  el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020.

¿Qué efecto tiene el procedimiento de desescalada en la prestación por desempleo derivada de los ERTE?

En relación con las medidas extraordinarias contenidas en el Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo se establecen las siguientes modificaciones:

o   Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020.

o   Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, para los trabajadores fijos-discontinuos, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Qué efecto tiene el procedimiento de ¨desescalada¨ en la exención de la cotización en los ERTE de fuerza mayor?

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a las empresas, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 2020 así como respecto a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta en los siguientes porcentajes:

•  Empresas o entidades que a  29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad Social: 100% de la aportación empresarial.

•  Empresas o entidades que a  29 de febrero de 2020, tuvieran 50 o más trabajadores/asimilados a los mismos, en situación de alta en la Seguridad: 75% de la aportación empresarial.

En los supuestos de desafectación progresiva por existencia de fuerza mayor parcial, la exoneración del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, se realizará en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

A.- Respecto de los trabajadores que reinicien su actividad a partir de la fecha de efectos de la reincorporación:

>  Empresas o entidades con menos de 50 trabajadores o asimilados en alta en la Seguridad Social a fecha 29 de febrero de 2020: la exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

>  Empresas o entidades con menos de 50 o más trabajadores o asimilados en alta en la Seguridad Social a fecha 29 de febrero de 2020: la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

B.- Respecto de los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas de la fecha de reanudación parcial de la actividad:

>  Empresas o entidades con menos de 50 trabajadores o asimilados en alta en la Seguridad Social a fecha 29 de febrero de 2020: la exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

>  Empresas o entidades con menos de 50 o más trabajadores o asimilados en alta en la Seguridad Social a fecha 29 de febrero de 2020: la exención alcanzará el 45% de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

 

¿Qué efecto tiene en la exención de cuotas la extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre de 2020?

Las empresas y entidades que contaran con expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:        

a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, así como de aquellas otras referidas en el artículo 4.2.a) del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, y de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 40 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.    

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención alcanzará el 35 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 25 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020. En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

¿Los ERTEs por causas objetivas vinculadas al COVID-19 podrán beneficiarse de las exenciones de cuotas en seguridad social?

Si, a partir del 1 de julio, en los mismos términos que para los ERTE por fuerza mayor.  No obstante lo anterior, si la empresa decide beneficiarse de dicha medida deberá cumplir con el compromiso de empleo de 6 meses.  Para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere este precepto empezará a computarse desde el 26 de junio de 2020.

 

¿Qué ocurré con la exención en las cotizaciones si a fecha 30 de junio de 2020 la empresa sigue en situación de fuerza mayor total?

Las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor total, en fecha 30 junio de 2020, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial, prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, el 70 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020, el 60 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de agosto de 2020 y el 35 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre de 2020, si las citadas empresas y entidades hubieran tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, el 50 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020, el 40 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de agosto de 2020 y el 25 % respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de septiembre de 2020 si las citadas empresas y entidades hubieran tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, en situación de alta en la Seguridad Social, a fecha 29 de febrero de 2020.

¿Qué ocurre con las cotizaciones si a partir del 1 de julio de 2020 la empresa no puede desarrollar su actividad como consecuencia de nuevas restricciones?

Las empresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, de los porcentajes de exención previstos a continuación, previa autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor en base a lo previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores:

a) El 80 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de septiembre, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre.

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

Cuando las empresas y entidades a las que se refieren los apartados anteriores reinicien su actividad, les serán de aplicación desde dicho momento, y hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el artículo 4.1 del real decreto-ley 24/2020.

 

Trabajadores autónomos

Un trabajador autónomo que se ha dado de baja en Hacienda y RETA con fecha 14 de marzo –o con posterioridad- ¿puede acceder a la prestación extraordinaria por cese?

De conformidad con el Real Decreto-Ley 8/2020, los trabajadores autónomos que deseen acogerse a esta prestación deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Tienen que estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma (es decir, desde el 14 de marzo) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el trabajador autónomo podrá, en el plazo improrrogable de treinta días naturales, ingresar las cuotas debidas. Esa regularización producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

• No causar baja en la actividad económica tanto en Hacienda como en Tesorería General de la Seguridad Social.

Por lo tanto, en el supuesto de que al momento de la solicitud no se encuentre en alta en el RETA y en la actividad económica correspondiente, no podrá acceder a la prestación por cese de actividad.

Esta prestación se ha extendido hasta el 30 de septiembre de 2020.

En relación al cálculo del 75% del promedio de la facturación del semestre anterior, ¿qué periodo temporal se tiene en cuenta para el cómputo?

Se deberá tener en cuenta el mes de marzo de 2020 con respecto el semestre natural anterior (septiembre de 2019 a febrero de 2020).  No obstante, cuando el trabajador autónomo no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad.

¿Puede realizar un trabajador autónomo la opción por una mutua colaboradora con posterioridad a la finalización del estado de alarma?

El trabajador autónomo podrá ejercitar la opción por una mutua colaboradora formalizando el documento de adhesión en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Una vez que transcurra este plazo, si no se ha ejercitado este derecho de opción, se producirá automáticamente la adhesión a la mutua con el mayor número de trabajadores autónomos asociados en la provincia del domicilio del trabajador.

¿Qué ocurré con los trabajadores autónomos tras la finalización del Estado de Alarma?

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que estuviera de alta en estos Regímenes y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:

a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 

b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.   

c) 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.

La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad

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